Abortar: ¿delito o derecho?

Un tema eternamente polémico se debate con fuerza en el Uruguay: la despenalización del aborto. Mientras algunos se oponen rotundamente a ella en defensa de la vida del nonato, otros defienden la libertad de la mujer o la pareja de tomar la delicada decisión. Tanto defensores como opositores alegan proteger un pilar fundamental de los derechos humanos.

El aborto existe y ha existido siempre en todas las sociedades. De manera legal o clandestina, muchas mujeres deciden diariamente poner fin a sus embarazos. Uruguay se encuentra entre los países en los que el aborto es ilegal, salvo excepciones de violación o peligro en la salud de la madre o el feto. Chile es el único país de Sudamérica en el que el aborto es ilegal sin excepciones.

De acuerdo a algunos antropólogos, hay evidencia que sugiere que desde hace siglos se vienen perfeccionando métodos abortivos tales como el uso de instrumentos afilados, la aplicación de presión abdominal o el consumo de hierbas que induzcan un aborto espontáneo.

Activistas denuncian que en América Latina la cifra de mujeres que recurren a hacerse un aborto de forma clandestina asciende a varios millones por año (se habla de entre 30.000 y 150.000 en Uruguay). Dentro de esta enorme cantidad, algunas mujeres lo pagan con dinero en una clínica mientras otras no tan pudientes lo pagan con su vida al introducirse ellas mismas elementos punzantes.

Varios estudios hablan del efecto que tiene la despenalización del aborto al bajar las tasas de criminalidad, la mortalidad de mujeres jóvenes e increiblemente la cantidad de abortos por año.

Hace poco fue encarcelada una joven de 19 años por practicarse un aborto clandestino. Ante un tema tan delicado, lo menos que puede hacer la sociedad con una mujer que llega a la dificil decisión de quitarse voluntariamente un embarazo es darle cierta comprensión y misericordia en lugar de mandarla presa, con lo que significa estar preso hoy, hacinada en un lugar inhumano por haber cometido el "error" de no querer cargar sola con algo que le cambia radicalmente la vida a cualquier mujer.

Cárceles: los derechos humanos en suspenso

Ya es evidente el hecho de que en América Latina las cárceles no funcionan como deberían. Los crecientes niveles de pobreza y marginalidad, sumados a penas cada vez más duras en pro de reprimir la ascendente tasa de criminalidad fruto de los factores anteriores, lleva a un explosivo resultado de cárceles superpobladas, donde los derechos humanos están en un gran paréntesis. Uruguay no es ajeno a esta situación.

Ya son varias las denuncias acerca de la situación en la que viven los reclusos en las cárceles de nuestro país. En el año 2005, el parlamento aprobó una ley para descongestionar las mismas, que tuvo un corto efecto ya que a la fecha los problemas de hacinamiento contínuan.

Mientras expertos en criminología señalan que el derecho penal es el último recurso para combatir el crimen, la demagogia lo ha convertido en el primero, con penas señaladas por amnistía internacional como ridículamente altas en relación a la causa de encarcelamiento. Si bien el objetivo teórico de una cárcel es rehabilitar al recluso para reinsertarlo en la sociedad, es comunmente conocida como la "escuela de delincuencia".

La crisis carcelaria es una situación que no puede seguir ignorándose por más tiempo. Es necesario dejar de hacinar y torturar reclusos como forma de bizarra "venganza" por sus actos y redactar un nuevo código penal, moderno y coherente, que realmente apunte a reinsertar a un delincuente a la sociedad a través de un tiempo moderado de prisión, trabajo comunitario y estudio.